El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4 x 1.000, vuelve a estar en el centro del debate legislativo en Colombia. Después de casi tres décadas de vigencia, diferentes proyectos buscan establecer una ruta para reducirlo progresivamente hasta llegar a su eliminación. El impuesto nació en 1998 como una medida temporal para responder a la crisis financiera de ese momento. Inicialmente se cobraban dos pesos por cada 1.000 pesos movilizados, pero con el paso de los años la tarifa aumentó y el gravamen terminó convirtiéndose en una fuente permanente de ingresos para el Estado. Actualmente, en el Congreso avanzan propuestas con diferentes fórmulas. Algunas plantean una reducción gradual de la tarifa, mientras otras buscan eliminar el cobro en determinadas operaciones entre cuentas y productos financieros pertenecientes al mismo titular. A estas iniciativas se sumaría una propuesta del Gobierno dentro de la denominada Ley de Rescate, que sería presentada ante el Congreso en octubre. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que el impuesto debería reducirse, aunque también ha reconocido su importancia para las finanzas públicas. Una eliminación por etapas Una de las propuestas plantea reducir la tarifa del 4 x 1.000 al 3 x 1.000 en 2027, al 2 x 1.000 en 2028 y al 1 x 1.000 en 2029, para finalmente llevarla a cero desde 2030. El proyecto también contempla beneficios para determinados contribuyentes durante el periodo de transición, entre ellos personas que no están obligadas a declarar renta o cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites establecidos en la iniciativa. Otra propuesta presentada en la Cámara de Representantes plantea un desmonte progresivo con argumentos relacionados con la inclusión financiera, la formalización, el ahorro y la inversión. Desde el Centro Democrático también se han promovido iniciativas dirigidas a reducir o eliminar el impuesto. Una de ellas busca que no se cobre GMF cuando una persona traslade recursos entre cuentas, depósitos u otros productos financieros de los cuales sea titular, incluso cuando estos se encuentren en diferentes entidades. ¿Por qué ha sido tan difícil eliminarlo? Uno de los principales obstáculos es el peso que tiene el GMF dentro del recaudo nacional. Según las cifras citadas en la nota original, el impuesto pasó de generar cerca de $880.000 millones en 1999 a aproximadamente $16,2 billones en 2025. Esto significa que eliminarlo implica encontrar nuevas fuentes de financiación para compensar los recursos que dejaría de recibir el Estado, especialmente en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. Expertos también han señalado que el impuesto tiene una ventaja para el Estado: es relativamente sencillo de recaudar y permite hacer seguimiento a las operaciones financieras. Sin embargo, centros de estudios económicos han advertido que el gravamen puede generar distorsiones sobre la formalización y el uso de medios electrónicos de pago. Una historia de intentos fallidos Colombia ya ha establecido anteriormente fechas para desmontar el 4 x 1.000. En 2010 se planteó una reducción progresiva que debía conducir a su eliminación, pero las necesidades fiscales llevaron posteriormente a modificar ese calendario. Las diferentes reformas tributarias volvieron a abordar el tema sin conseguir la desaparición definitiva del impuesto. En 2022, además, se introdujo un cambio para permitir que la exención pudiera aplicarse sobre los movimientos realizados por una persona en diferentes cuentas, hasta alcanzar un determinado límite mensual. La implementación de esta medida ha enfrentado dificultades tecnológicas, debido a la necesidad de consolidar las operaciones realizadas por un mismo usuario en distintas entidades financieras. El reto fiscal La discusión que vuelve al Congreso no se limita a establecer si el 4 x 1.000 debe desaparecer. También está sobre la mesa la velocidad con la que podría desmontarse y, sobre todo, cómo reemplazar los ingresos que actualmente genera. El recaudo del GMF pasó de $3,22 billones en 2010 a $8,69 billones en 2019 y posteriormente llegó a cerca de $16,2 billones en 2025, de acuerdo con las cifras citadas de la Dian. Por ahora, las iniciativas legislativas y la propuesta que prepara el Gobierno deberán enfrentar precisamente ese desafío: encontrar una fórmula que permita reducir progresivamente el impuesto sin generar un nuevo faltante significativo en las cuentas públicas.
El 4 x 1.000 vuelve al Congreso: estas son las propuestas para desmontarlo
Varias iniciativas plantean reducir gradualmente el impuesto hasta eliminarlo, pero el recaudo que genera sigue siendo el principal obstáculo.

