Una nueva acusación presentada ante un gran jurado federal estadounidense describe supuestos vínculos entre integrantes del aparato político, militar y de inteligencia de Venezuela y organizaciones dedicadas al narcotráfico. El expediente menciona a las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Según los fiscales estadounidenses, desde finales de la década de 1990 algunos funcionarios venezolanos habrían establecido acuerdos para facilitar el movimiento internacional de cocaína y proteger operaciones ilícitas. Se trata de acusaciones que requieren demostración judicial, no de responsabilidades ya declaradas.
El documento sostiene que miembros de organizaciones armadas colombianas habrían utilizado rutas y recursos venezolanos para transportar drogas. La presunta cooperación habría incluido protección logística y contactos con personas que ejercían funciones dentro del Estado venezolano.
Uno de los señalados aparece identificado como CC-1. La acusación lo describe como un funcionario de alto nivel que habría participado en negociaciones de cargamentos de cocaína y en transferencias de armamento destinadas a organizaciones ilegales a cambio de droga.
Los señalamientos tienen antecedentes. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de participar en una presunta conspiración de narcoterrorismo que incluía vínculos con dirigentes de las FARC.
La referencia al ELN amplía la dimensión colombiana del caso. Esa guerrilla ha tenido presencia en territorios fronterizos y sus operaciones son un factor relevante en la seguridad de ambos países.
El alcance de las acusaciones plantea una pregunta central para las autoridades judiciales: si determinadas organizaciones criminales aprovecharon las deficiencias de control estatal o si contaron con protección y colaboración deliberada de funcionarios públicos.
Los hechos relatados forman parte de un expediente de acusación. Las responsabilidades y la veracidad de cada conducta señalada deberán establecerse ante los tribunales competentes con respeto al debido proceso.