Las revelaciones incluidas en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos podrían abrir un nuevo frente legal para antiguos comandantes de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’. Según fuentes federales citadas por medios de comunicación, las autoridades estadounidenses estarían revisando expedientes que habían quedado congelados tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. El caso vuelve a tomar relevancia por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense sobre presuntas alianzas entre integrantes del círculo de Maduro y organizaciones armadas y redes del narcotráfico, entre ellas las Farc y el ELN. La investigación sostiene que desde Venezuela se habrían enviado cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas del Caribe y Centroamérica. Uno de los señalamientos más delicados apunta a una presunta reunión en la que habrían participado Maduro, Cilia Flores y antiguos jefes guerrilleros para discutir una deuda relacionada con supuestas actividades de narcotráfico. De acuerdo con los documentos mencionados en la investigación, el mandatario venezolano habría aceptado entregar explosivos de las reservas militares para saldar parte de esa obligación. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a acusaciones de la Fiscalía y no constituyen hechos judicialmente probados. El alcance internacional del caso plantea interrogantes sobre la posibilidad de que Estados Unidos formule nuevos cargos o solicite la extradición de los excomandantes. Expertos en derecho internacional advierten que la viabilidad de una medida de esa naturaleza dependerá de las pruebas disponibles, de los delitos investigados y del cumplimiento de las garantías del debido proceso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco del acuerdo firmado con las Farc, tiene competencia sobre los hechos comprendidos en su mandato dentro de Colombia. Por ello, las investigaciones por conductas que correspondan a la jurisdicción estadounidense podrían tramitarse de manera independiente, sin que esto elimine las obligaciones de los comparecientes ante la justicia transicional colombiana. Una eventual extradición también podría generar tensiones con los esfuerzos de la JEP para esclarecer los crímenes del conflicto armado y obtener aportes de verdad de los antiguos integrantes de la guerrilla. Por ahora, cualquier escenario dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y de las solicitudes formales que puedan presentarse. Las revelaciones se conocen, además, en medio de las discusiones sobre el papel y el presupuesto de la JEP, así como de los reclamos del Gobierno para que se esclarezcan otros crímenes de alto impacto. Por el momento, no hay que confundir los señalamientos incluidos en la acusación contra Maduro con una decisión judicial que declare responsables a los antiguos jefes guerrilleros.

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