Ecopetrol radicó el 2 de septiembre ante la Fiscalía General una denuncia para que se investigue la adjudicación del contrato de US$172 millones de la Regasificadora del Pacífico a Puertos, Inversiones y Obras (PIO SAS), reveló este domingo la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.
El negocio se cerró durante el gobierno de Gustavo Petro y la presidencia de Ricardo Roa en la petrolera. La auditoría interna busca establecer o descartar irregularidades en la adjudicación, posible tráfico de influencias, conflictos de interés, modificaciones contractuales y la omisión de multas por retrasos.
La infraestructura debía entrar en operación el 1.º de agosto. Ahora se proyecta para mediados de noviembre, con gas que Ecopetrol negocia. Plataformas de tráfico marítimo ubican al buque Tura, clave para la puesta en marcha, cerca de California rumbo a Buenaventura.
Óscar Isaza, dueño de PIO SAS, dijo a EL TIEMPO que ganó el concurso con el mejor precio por millón de pies cúbicos, la mejor propuesta técnica y sin anticipo. Negó sobornos: “Nunca me han exigido nada. Que entren y esculquen”. Atribuyó 45 días de atraso a logística, el terremoto en Buenaventura, cierres viales y un tifón en China; Ecopetrol solo habría aceptado dos.
Bajo revisión está el papel de Einstein Mauricio Gómez Machado, consejero delegado del proyecto desde 2025, excomisionado de la Creg y aspirante en 2024 a la Vicepresidencia Comercial de Ecopetrol. Fue jefe de Bayron Triana en la Creg; su firma tuvo contrato con una sociedad ligada a Triana. Gómez negó haber intervenido en la adjudicación y dijo que se unió cuando el contrato ya estaba firmado.
Isaza afirmó que David Riaño, entonces vicepresidente de Energías para la Transición, lo llamó en 2024 para invitarlo. Riaño lo negó: dijo que solo atendió, por instrucción de la presidencia de Roa, a empresarios del Pacífico y el Atlántico. La Fiscalía investiga. El expediente suma presión judicial sobre la era Roa justo cuando el país declara racionamiento de gas por la falla en SPEC LNG de Cartagena.