La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, respondió de manera contundente a los señalamientos formulados por el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, sobre supuestas irregularidades en la contratación dentro de la entidad.
Mondragón cuestionó que dos personas cercanas a Restrepo hubieran sido vinculadas al ICBF y aseguró que previamente habrían realizado aportes a la campaña política de la funcionaria. A partir de esos señalamientos, el congresista planteó la posibilidad de que se tratara de un supuesto pago de favores políticos.
Restrepo rechazó esas afirmaciones y pidió al representante presentar los documentos que respalden sus acusaciones. Según explicó, las personas mencionadas por Mondragón ya habían trabajado con ella desde mucho antes de su llegada a la dirección del ICBF.
La funcionaria identificó a Erika Jiménez y Cristian Mauricio Pinzón como las personas señaladas. Sobre Jiménez, aseguró que ha sido su secretaria privada durante 11 años, mientras que Pinzón, abogado de la Universidad Libre, trabajaba con ella desde hace ocho años en su firma de abogados. Restrepo también cuestionó las cifras de los salarios mencionadas por el congresista y rechazó que las contrataciones puedan ser presentadas como una contraprestación por supuestos aportes políticos.
La directora del ICBF lanzó además un reto directo a Mondragón y a quienes han cuestionado sus actuaciones: que presenten los registros de los aportes, las fechas, los documentos y, especialmente, las pruebas que permitan establecer cuál habría sido el supuesto favor político.
El enfrentamiento se suma a la controversia que ha acompañado a Restrepo desde su llegada al ICBF. La funcionaria ha denunciado presuntas irregularidades de la administración anterior y, al mismo tiempo, ha recibido críticas de sectores políticos opositores al actual Gobierno.
La discusión ahora queda centrada en las pruebas. Mientras Mondragón sostiene sus cuestionamientos sobre las contrataciones, la directora del ICBF insiste en que las acusaciones deben estar respaldadas por documentos verificables y no únicamente por señalamientos políticos.