Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcados por la intención de recuperar la economía colombiana, fortalecer la inversión privada y corregir el desequilibrio de las finanzas públicas. No obstante, la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto obligó al Ejecutivo a modificar sus prioridades y aplazar parte de su agenda económica. La principal apuesta del mandatario es la denominada Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que busca reducir el déficit del Estado, garantizar recursos para atender las obligaciones públicas y evitar un deterioro mayor de la economía nacional. El proyecto, que fue presentado con mensaje de urgencia ante el Congreso, contempla nuevos impuestos, modificaciones al sistema tributario y medidas de austeridad en el funcionamiento de las entidades estatales. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido la necesidad de aprobar la iniciativa al advertir sobre la magnitud del déficit fiscal y los riesgos que enfrentaría Colombia si no se toman decisiones para corregirlo. Reforma tributaria, el principal desafío económico Aunque el Ejecutivo ha denominado la iniciativa Ley de Rescate Fiscal, diferentes economistas coinciden en que sus disposiciones corresponden, en buena medida, a una reforma tributaria. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas considera que todavía es temprano para hablar de resultados económicos concretos y sostiene que la confianza de los inversionistas dependerá, en buena parte, de lo que ocurra con el proyecto en el Congreso. A su juicio, el Gobierno debe combinar las medidas tributarias con una reducción efectiva del gasto público. También cuestionó que el ajuste recaiga principalmente sobre los contribuyentes y planteó revisar el crecimiento de la nómina estatal y los contratos de prestación de servicios. Cárdenas considera necesario ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta para personas naturales, aunque advierte que algunas de las disposiciones más controvertidas, como la aplicación del IVA a productos de la canasta familiar, podrían encontrar resistencia política. Entre sus propuestas también está la posibilidad de vender algunos activos del Estado, como ISA, actualmente vinculada a Ecopetrol, para obtener recursos que permitan superar las dificultades fiscales. La clase media, entre los sectores que podrían sentir el impacto Por su parte, el economista y exviceministro de Hacienda Andrés Escobar considera que el principal problema que debe resolver la administración es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno nacional. Según su análisis, reducir el déficit fiscal permitiría disminuir los costos de endeudamiento y generar mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico. Escobar señala que la propuesta del Ejecutivo busca proteger a los hogares de menores ingresos, pero advierte que la clase media podría experimentar una mayor carga tributaria como consecuencia de los cambios planteados. Entre las medidas anunciadas también figura una reducción del 20 % en los gastos de nómina del Estado, con excepción de la Fuerza Pública. El Gobierno estima que las medidas de austeridad permitirían ahorrar $44,6 billones durante 2027 y alcanzar $76,1 billones en 2030.

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