El periodista Melquisedec Torres puso bajo la lupa convenios suscritos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con comunidades indígenas, cuyo valor supera los $62.000 millones, al advertir sobre presuntas irregularidades en las condiciones de financiación y la firma de los acuerdos. A través de sus declaraciones, Torres cuestionó que las comunidades beneficiarias no hubieran realizado aportes económicos ni en especie para la ejecución de los convenios destinados a la atención de la primera infancia. Según el periodista, estos acuerdos con organizaciones no gubernamentales deberían contemplar una contrapartida de los beneficiarios.
Otro de los aspectos señalados por Torres tiene que ver con la suscripción de los convenios por parte de contratistas del Estado. El periodista sostuvo que estas personas no tendrían facultades para comprometer jurídicamente al ICBF ni para obligar a la entidad mediante su firma. Los cuestionamientos planteados ponen sobre la mesa interrogantes acerca de los procedimientos administrativos utilizados para formalizar los acuerdos y los controles aplicados a los recursos públicos destinados a los programas de atención a la primera infancia. Las denuncias también abren el debate sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales y las responsabilidades de quienes participan en la celebración de este tipo de convenios. Sin embargo, para determinar si existieron irregularidades, es necesario revisar los documentos correspondientes y conocer la posición oficial del ICBF frente a los señalamientos.