Deluque lanza advertencia: “Quien actúe con violencia enfrentará la fuerza del Estado”

El debate sobre las nuevas reglas para atender las manifestaciones en Colombia tomó fuerza luego de que el Gobierno Nacional presentara un borrador de decreto que busca modificar el protocolo vigente sobre protesta social y uso de la fuerza. En ese contexto, el senador Alfredo Deluque defendió la iniciativa y sostuvo que quienes participen en actos violentos deberán enfrentar la respuesta de las autoridades. “Las personas que quieren salir a protestar de manera pacífica seguirán contando con todas las garantías del Estado para ejercer su derecho. Pero aquellas que no pretendan hacerlo de esa manera, pues sí van a enfrentarse con la fuerza del Estado como debe ser”, afirmó. Según explicó el congresista, la propuesta pretende diferenciar entre quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta y quienes incurren en conductas violentas que puedan afectar a terceros, funcionarios, periodistas, misiones médicas o bienes públicos y privados. Uno de los puntos centrales del borrador es que la actuación de la Fuerza Pública no tendría que dirigirse contra toda una manifestación. La intervención estaría enfocada en identificar y actuar contra quienes sean señalados de protagonizar hechos violentos. El documento plantea cinco niveles de actuación, que incluyen facilitación, diálogo, mediación, disuasión y, finalmente, restablecimiento del orden mediante la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). A la vez, el borrador contempla excepciones para situaciones en las que desde el inicio de una manifestación se presenten hechos como utilización de armas o explosivos, retención de personas, agresiones contra terceros, misiones médicas o periodistas, o destrucción de infraestructura. En esos casos, la actuación de protección podría desarrollarse de manera simultánea con el diálogo. Deluque también se refirió a los bloqueos de vías y a las afectaciones que pueden producirse durante las movilizaciones. En particular, sostuvo que no se puede permitir que una protesta termine afectando derechos de personas que necesitan desplazarse, trabajar o recibir atención médica. Sin embargo, el propio borrador establece que un bloqueo, por sí solo, no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Las autoridades deberán valorar factores como la duración de la obstrucción, la existencia de rutas alternativas y la afectación de servicios esenciales o vehículos de emergencia. El senador insistió además en que la intervención de la UNDMO no significaría eliminar los espacios de diálogo ni el trabajo de los gestores de convivencia. La propuesta contempla que quienes permanezcan dentro de una protesta pacífica conserven las garantías establecidas. El proyecto todavía no constituye una norma definitiva. El Ministerio del Interior abrió un periodo de comentarios que, según información publicada sobre el borrador, se extiende hasta el 4 de octubre de 2026, por lo que su contenido podría sufrir modificaciones antes de una eventual expedición.