La defensa de Wadith Manzur salió al paso de las versiones que señalaban que el exrepresentante estaría buscando una negociación con la justicia en medio del proceso que enfrenta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su abogado, Luis Carlos Torregroza Diazgranados, aseguró que esa posibilidad no corresponde a la situación procesal de su cliente.
En un comunicado, Torregroza sostuvo que Manzur “no ha suscrito, ni se encuentra tramitando, ningún tipo de preacuerdo o negociación”. La precisión responde a informaciones divulgadas en los últimos días sobre una eventual colaboración antes del juicio.
La defensa aseguró que la estrategia definida es concurrir a juicio. Según el documento, en ese escenario aportará y controvertirá las pruebas que considere necesarias para acreditar la inocencia de Manzur, ejerciendo sus derechos de defensa y contradicción.
Manzur está procesado dentro del expediente relacionado con presuntas irregularidades en la UNGRD. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusarlo por el delito de cohecho impropio y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación se refiere a presuntos ofrecimientos a integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de actuaciones relacionadas con operaciones de crédito y proyectos de contratación.
El abogado también pidió a los medios de comunicación y a la opinión pública abstenerse de emitir juicios anticipados o presentar como hechos situaciones que, según la defensa, no correspondan a la realidad procesal. Reiteró que Manzur conserva la presunción de inocencia y reclamó respeto por su dignidad y la de su familia.
La declaración cierra, por ahora, la puerta que públicamente se había abierto alrededor de un eventual preacuerdo. La defensa sostiene que el camino será el juicio y que allí buscará demostrar la inocencia de su representado. La definición del proceso dependerá de las pruebas que sean presentadas y controvertidas ante la autoridad judicial competente.