El presidente Abelardo De La Espriella respaldó la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar las visas de la senadora del Pacto Histórico Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, así como las de sus familiares directos, y advirtió que la medida podría ampliarse.
En un mensaje publicado tras el anuncio de Washington del lunes 28 de septiembre, el mandatario presentó la revocatoria como parte de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en lucha contra la corrupción y seguridad hemisférica. “La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, señaló.
De La Espriella añadió que quienes defraudan recursos públicos “no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias”. El Departamento de Estado enmarcó las restricciones en la iniciativa Escudo de las Américas y en compromisos de la Cumbre de Doral, dirigidos a ciudadanos extranjeros a quienes Washington señala de haber atentado contra gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
Peralta, senadora del Pacto Histórico y afiliada al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es objeto de una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según información publicada por medios nacionales, la Corte abrió indagación y la llamó a indagatoria por hechos vinculados a ese caso.
Torres ha sido relacionado públicamente con contratos estatales en administraciones anteriores. La decisión estadounidense corresponde a la revocatoria de visas y no constituye, por sí misma, un fallo judicial sobre las investigaciones que cursen en Colombia. La medida también alcanzó a funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador en el mismo paquete migratorio.
El respaldo presidencial eleva la presión política sobre la bancada del Pacto Histórico y anticipa un escenario en el que nuevas restricciones migratorias o listados OFAC podrían usarse como herramienta de cooperación bilateral, con efectos reputacionales y de movilidad para dirigentes y empresarios señalados por Washington, sin sustituir los procesos penales internos.