El presidente Abelardo de la Espriella anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso con el que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir el terrorismo, frenar su financiación y endurecer las sanciones contra quienes participen en ataques violentos. Durante una alocución el lunes 12 de octubre, el mandatario explicó que la iniciativa contempla la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes vinculados a estas estructuras y restricciones para contratar con el Estado. También propone establecer penas severas por el uso de drones para atacar a la población civil y a miembros de la Fuerza Pública. Entre las medidas anunciadas figura, además, la sanción de los actos de asonada contra la Fuerza Pública y la posibilidad de reducir sustancialmente las penas a quienes suministren información efectiva antes de la acusación, bajo las condiciones que establezca la ley. De la Espriella advirtió que las estructuras que financian actividades terroristas mediante el narcotráfico o la minería ilegal deberán responder ante las autoridades, independientemente de las denominaciones políticas que utilicen. El jefe de Estado comparó el desafío de seguridad que enfrenta Colombia con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y sostuvo que el país necesita nuevas herramientas para enfrentar la violencia. No obstante, la propuesta deberá superar el debate y el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Protestas bajo garantías y advertencias El mandatario también se refirió a la movilización nacional convocada para el miércoles 14 de octubre y reiteró que el derecho a la protesta pacífica debe respetarse, incluso cuando las manifestaciones expresen inconformidad con las decisiones del Gobierno. Según explicó, las autoridades deberán coordinar con los organizadores y las administraciones territoriales las medidas necesarias para garantizar la movilidad, prevenir emergencias y proteger a los participantes. Sin embargo, cuestionó los bloqueos que impiden el tránsito de alimentos, medicamentos y trabajadores, así como las acciones que obstaculizan el acceso de ambulancias y otros servicios esenciales. El presidente aseguró que la Fuerza Pública deberá actuar conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También pidió a los convocantes evitar provocaciones y desarrollar las jornadas sin agresiones ni daños a bienes públicos o privados. Con el anuncio del estatuto antiterrorista, el Gobierno abre un nuevo frente legislativo en materia de seguridad. El alcance definitivo de las medidas dependerá del contenido del proyecto que se radique y de las decisiones que adopte el Congreso durante su discusión.

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