Cuando las urnas dijeron “No”: el plebiscito disfrazado de paz que Colombia rechazó

El 2 de octubre de 2016, los colombianos no votaron por la guerra, pero sí rechazaron en las urnas el acuerdo que el Gobierno de Juan Manuel Santos había presentado como la puerta de entrada a una “paz estable y duradera”. Diez años después, aquella decisión sigue planteando una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió con el mandato expresado por los ciudadanos? Hace una década, Colombia acudió a las urnas para responder una pregunta aparentemente sencilla: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” El resultado fue un golpe político para el Gobierno de Juan Manuel Santos. El No obtuvo 6.438.552 votos, mientras el Sí consiguió 6.382.901. Una diferencia de apenas 55.651 votos terminó rechazando el acuerdo que había sido firmado con las FARC. Pero detrás de aquella pregunta había mucho más que una discusión semántica sobre la paz. Los ciudadanos estaban votando sobre un acuerdo de cientos de páginas que incluía asuntos tan sensibles como justicia transicional, participación política de los excombatientes, reforma rural, drogas ilícitas, víctimas e implementación. Por eso, para los sectores que promovieron el No, aquella consulta no podía reducirse a estar a favor o en contra de la paz. Y allí apareció una de las grandes paradojas de aquel proceso: el Gobierno presentó el plebiscito como una oportunidad para que los colombianos respaldaran la paz, pero en las urnas terminó sometiendo a consideración una fórmula política concreta para alcanzarla. La Corte Constitucional había dejado claro antes de la votación que el plebiscito no equivalía a un referendo sobre cada una de las normas del acuerdo. Se trataba de una decisión política cuya aprobación o rechazo tenía consecuencias para el Presidente. Los colombianos dijeron No. Y ese resultado, aunque estrecho, no podía simplemente desaparecer. El mandato que abrió otra negociación Después de la derrota, el Gobierno inició conversaciones con representantes de los sectores que habían impulsado el No y con otros actores. El propósito fue revisar el acuerdo y modificar distintos puntos. La propia Corte Constitucional ha señalado que los principales actores del proceso entendieron el resultado como un mandato para revisar el Acuerdo Final, no necesariamente como un rechazo al proceso de paz. De esa renegociación surgió un nuevo texto, firmado el 24 de noviembre de 2016. El problema político llegó después. El nuevo acuerdo no volvió a ser sometido a una nueva votación nacional. Su refrendación se produjo mediante el Congreso de la República, que lo aprobó el 29 y 30 de noviembre de 2016. Ahí quedó una de las discusiones más profundas que dejó aquel episodio: si los colombianos habían rechazado un acuerdo específico en las urnas, ¿hasta dónde podía llegar la renegociación sin regresar nuevamente a las urnas? La respuesta jurídica terminó respaldando el camino adoptado por el Gobierno y el Congreso, pero el debate político nunca desapareció. Incluso dentro de las discusiones ante la Corte hubo posiciones discrepantes. Una de ellas sostuvo que, después de la votación negativa, el nuevo acuerdo debía contar con una nueva refrendación popular y cuestionó que el Congreso sustituyera la participación directa de los ciudadanos. Una victoria estrecha, una consecuencia enorme El No no ganó con una mayoría contundente. Ganó por menos de medio punto porcentual. Esa particularidad hace todavía más relevante la jornada: Colombia quedó prácticamente partida por la mitad frente a la propuesta de paz que estaba sobre la mesa. Pero una democracia no establece que un resultado estrecho tenga menos valor que uno amplio. El mandato electoral se mide por las reglas establecidas antes de la votación. Por eso, reducir aquel episodio a “los colombianos rechazaron la paz” sería tan simplista como afirmar que quienes votaron Sí respaldaban automáticamente cada punto del acuerdo. La discusión real era sobre el modelo de paz que debía adoptar el país. Y esa diferencia es fundamental. Diez años después, el episodio continúa siendo una de las mayores demostraciones de cómo una decisión electoral puede alterar una negociación política que parecía prácticamente cerrada. El Gobierno tuvo que renegociar. Las FARC tuvieron que aceptar modificaciones. El Congreso terminó aprobando el nuevo texto y el país entró en una etapa distinta del proceso. Pero quedó una deuda política difícil de borrar: la Colombia que votó No nunca volvió a tener la oportunidad de pronunciarse directamente sobre el acuerdo modificado. Ese es, quizás, el punto que más incomoda cuando se revisa aquella historia una década después. El plebiscito se convocó para preguntarle a los ciudadanos si respaldaban el acuerdo. Los ciudadanos respondieron que no. Después, el acuerdo cambió. Y aunque la Corte Constitucional consideró que las modificaciones y el procedimiento posterior podían desarrollarse sin una nueva consulta popular, la pregunta política permanece: ¿hasta qué punto puede renegociarse un mandato ciudadano antes de que sea necesario volver a preguntarle al ciudadano? Diez años después, esa pregunta sigue formando parte de la discusión sobre la democracia colombiana. Porque aquel 2 de octubre no fue simplemente el día en que ganó el No. Fue el día en que las urnas demostraron que la paz negociada también necesitaba convencer a un país profundamente dividido.