Un contrato de $15.295 millones destinado a atender a niños con desnutrición, madres gestantes y lactantes en La Jagua de Ibirico, Cesar, terminó bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en su planeación, contratación y ejecución. La Sala de Instrucción de la Corte atribuye al senador y exalcalde Didier Lobo Chinchilla, presuntamente, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La investigación sostiene que el proceso contractual habría sido soportado con documentos que no reflejaban de manera adecuada los precios del mercado. Según el expediente, no se habría realizado un estudio de mercado riguroso antes de establecer el valor del contrato. La Corte encontró, entre otras situaciones, diferencias entre los precios de productos consultados en supermercados y los valores finalmente incorporados al contrato. Uno de los documentos cuestionados corresponde a un acta de marzo de 2012 en la que se certificaron consultas de precios en establecimientos comerciales. De acuerdo con la investigación, algunos valores fueron incrementados sin una explicación técnica suficiente. La harina de pan, por ejemplo, habría pasado de $1.950 a $2.520, mientras que la lenteja de 500 gramos pasó de $1.650 a $2.028. La Corte también cuestionó un supuesto estudio de mercado fechado el 22 de mayo de 2012. El documento contenía fichas técnicas correspondientes a 2014 y cotizaciones de negocios realizadas en 2013, inconsistencias que, según el expediente, no fueron explicadas satisfactoriamente. Durante su indagatoria, Lobo Chinchilla se desligó de esas actuaciones y manifestó que no era quien solicitaba las cotizaciones. El senador sostuvo que su responsabilidad consistía en verificar el cumplimiento del estudio de mercado. Productos destinados a bebés Otro de los aspectos examinados por la Corte está relacionado con los productos incluidos para los menores de edad beneficiarios del programa. En los paquetes destinados a bebés de entre 0 y 11 meses aparecían alimentos como harina de maíz, fríjol, lenteja, pasta y arroz, entre otros. La Sala consideró que esa selección no correspondía con las recomendaciones de atención a la desnutrición establecidas en la guía del Ministerio de Salud citada dentro del expediente. El contrato fue suscrito con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por $15.295 millones. De acuerdo con la investigación, el municipio terminó pagando aproximadamente $15.080 millones, pero quedaron excedentes por más de $1.164 millones que, según la Corte, no fueron conciliados ni devueltos al municipio. Al comparar los valores presupuestados para los alimentos con los gastos registrados por el contratista, la Sala de Instrucción calculó un posible sobrecosto de al menos $1.077 millones. Empresas bajo la lupa El expediente también recoge un informe de policía judicial sobre las empresas que participaron en la ejecución del contrato. Según la investigación, algunas de ellas no contaban con vehículos, empleados o trayectoria suficiente para las actividades que terminaron facturando. Entre los casos mencionados aparece Ainka Group S.A.S., a la que se le habrían pagado $1.591 millones pese a no contar, según el informe, con vehículos para distribuir los alimentos ni con subcontratos destinados a esa actividad. También se menciona a Teminpro S.A.S., que habría recibido $390 millones. La Corte sostiene que el entonces alcalde tenía conocimiento de las deficiencias advertidas durante el proceso y que, pese a las recomendaciones sobre la necesidad de realizar un estudio de mercado adecuado, suscribió el contrato. Lobo, por su parte, negó conocer las razones detrás de los gastos que no estaban contemplados en los estudios y se desligó de las presuntas irregularidades durante su indagatoria. Si la acusación queda en firme, el expediente pasará a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá adelantar el juicio correspondiente contra el senador.

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