La Corte Constitucional fijó parámetros preventivos para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 y ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella garantizar que ese valor sea suficiente para financiar el Plan de Beneficios en Salud, reportaron El Espectador y Semana.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Sala Especial de Seguimiento a la T-760 de 2008 —Fernández, Polo Rosero y Camargo— exigió al Ministerio de Salud demostrar técnicamente la suficiencia de la prima, cuantificar el “rezago acumulado” de vigencias anteriores y analizar frecuencia de uso, carga de enfermedad, envejecimiento, precios de medicamentos, inflación sectorial y cambios de población entre EPS.
La Corte mantuvo el piso de equiparación: la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95 % de la contributiva, salvo evidencia técnica verificable que justifique una brecha mayor. Advirtió que las restricciones fiscales no pueden, por sí solas, fundar una UPC inferior a la necesidad técnica.
Minsalud deberá comunicar a Minhacienda la estimación de recursos y, a más tardar el 15 de enero de 2027, entregar a la Corte un informe con metodología, justificación de suficiencia y proceso de participación. El contexto citado por el tribunal incluye el alza de tutelas en salud —de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025— y el aumento de reclamaciones ante la Defensoría en 2026.
Qué mirar: el auto anticipa la pelea de fin de año entre suficiencia técnica y techo fiscal, con la ministra Ana María Vesga y Hacienda en el centro del cálculo.