La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, al considerar que establecían reglas esenciales de contratación estatal que debían ser fijadas directamente por el Congreso. La decisión afecta las Asociaciones Público-Populares (APPo) y las Asociaciones de Iniciativa Público Popular (AIPPo), creadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para facilitar la participación de organizaciones de la economía popular en proyectos y contratos con entidades públicas. ¿Qué decidió la Corte? La Sala Plena declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, norma mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. El proceso constitucional correspondía al expediente D-15486. El artículo 100 establecía mecanismos para que personas naturales y organizaciones de la economía popular y comunitaria pudieran contratar directamente con entidades estatales. La figura estaba orientada a facilitar su participación en proyectos relacionados, entre otros, con infraestructura social, vías terciarias, vivienda rural, producción de alimentos, cultura, agua y saneamiento básico. A su vez, el artículo 101 creó las Asociaciones de Iniciativa Público Popular, mediante las cuales entidades públicas y organizaciones comunitarias podían asociarse para ejecutar proyectos de infraestructura y prestación de servicios. La razón de la decisión El principal argumento de la Corte estuvo relacionado con la forma en que fueron creadas estas modalidades de contratación. El tribunal concluyó que los artículos demandados regulaban elementos esenciales de la contratación estatal y permitían que aspectos relevantes fueran definidos posteriormente mediante reglamentación del Gobierno Nacional. Según la Corte, este tipo de reglas están sometidas a reserva de ley y, por tanto, deben ser establecidas directamente por el Congreso. La decisión no cuestiona como tal la participación de organizaciones de la economía popular en proyectos estatales. El problema constitucional identificado estuvo en el mecanismo utilizado para establecer las nuevas modalidades de contratación. Con el fallo, las figuras de las Asociaciones Público-Populares y las Asociaciones de Iniciativa Público Popular contempladas en los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 quedan sin efecto.

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