Un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro salió a la luz tras una investigación de Caracol Radio, que reveló presuntas irregularidades alrededor del consulado de Colombia en Tijuana, México, una oficina diplomática que fue creada hace casi dos años, pero que nunca llegó a funcionar con normalidad. De acuerdo con el informe periodístico, el Estado destinó cerca de 500 millones de pesos al pago de Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien estuvo al frente de esa representación consular entre enero y octubre de 2026, pese a que la sede no había comenzado a prestar atención presencial a los colombianos. La investigación señala que la funcionaria recibió más de 153.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 483 millones de pesos, durante los nueve meses que permaneció en el cargo. A esa suma se agregan otros 20.338 dólares que le fueron girados por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.
Una sede que nunca abrió sus puertas La creación del consulado se formalizó el 22 de noviembre de 2024, mediante el Decreto 1405, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. La disposición también contempló la apertura de oficinas consulares en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez, México. Tijuana fue considerada una ubicación estratégica por su cercanía con la frontera estadounidense y por la presencia de aproximadamente 1.500 colombianos en esa región. Sin embargo, casi dos años después de su creación, la oficina seguía sin prestar servicios desde una sede física. La situación llegó al punto de que, según Caracol Radio, las autoridades mexicanas preguntaron recientemente a Colombia qué había ocurrido con el proyecto, luego de haber otorgado el beneplácito para su funcionamiento. La colombiana Paola Morales, residente en Tijuana, grabó las instalaciones que estaban destinadas a albergar el consulado. Las imágenes, divulgadas por Caracol Radio, volvieron a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de los recursos invertidos en una oficina que nunca entró plenamente en operación. También quedaron deudas por el arrendamiento Otro de los aspectos que reveló la investigación está relacionado con el alquiler de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la denominada Zona Dorada de Tijuana. El 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago por el arrendamiento del inmueble. La situación generó sorpresa entre funcionarios de la representación diplomática, quienes, según el medio, desconocían la existencia de ese compromiso. Posteriormente, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que existía un contrato de alquiler que había generado obligaciones económicas sin contar con una asignación presupuestal para ese propósito. Además, un documento compartido con la comunidad colombiana en Baja California mencionaba compromisos pendientes con un arquitecto encargado de las adecuaciones del inmueble y con empresas responsables del diseño gráfico y la imagen institucional del consulado. Hasta el momento de la publicación de la investigación, la Cancillería no había precisado el monto total de las obligaciones pendientes. Los antecedentes de la excónsul y las investigaciones La designación de Maryory Pabón también estuvo rodeada de controversias. Antes de llegar a Tijuana, había sido nombrada cónsul en Calgary, Canadá, pero ese nombramiento fue suspendido y posteriormente anulado por decisiones judiciales, luego de una demanda relacionada con las condiciones de su designación en provisionalidad. Posteriormente, durante la administración de la canciller Rosa Villavicencio, fue designada para asumir el consulado en Tijuana. La excanciller explicó a Caracol Radio que, cuando llegó al Ministerio, encontró el proceso en marcha y recibió instrucciones de continuar con la contratación. Por su parte, Pabón presentó un informe de gestión en el que reportó visitas a colombianos privados de la libertad en Baja California y la realización de un consulado móvil de tres días, durante el cual se efectuaron 211 trámites y se recaudaron cerca de 10.000 dólares. La investigación también encontró que la acreditación de su nombramiento por parte de las autoridades mexicanas se produjo el 27 de marzo de 2026, dos meses después de su llegada al cargo.