El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la resolución mediante la cual el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reconoció el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de la Nación.
La medida cautelar afecta la Resolución 218 de 2024, que también había ordenado inscribir la pieza en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural.
La decisión se produjo dentro de un proceso judicial que cuestiona la legalidad del acto administrativo expedido por el Ministerio.
En su análisis preliminar, el Consejo de Estado encontró elementos para suspender los efectos de la resolución mientras adopta una decisión definitiva.
Uno de los puntos centrales es el procedimiento utilizado para otorgar el reconocimiento.
El Ministerio tiene facultades para declarar bienes de interés cultural de carácter nacional, pero debe cumplir el procedimiento establecido en la Ley General de Cultura y contar previamente con un concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
En el caso del sombrero de Pizarro, ese procedimiento no se habría cumplido.
También se cuestiona si el Ministerio utilizó la figura de “reconocimiento” como patrimonio cultural para otorgarle a la pieza efectos propios de un bien de interés cultural sin completar previamente todos los requisitos establecidos.
Otro aspecto bajo análisis es el Plan Especial de Manejo y Protección y si debía establecerse un instrumento de este tipo para garantizar la conservación y administración de la pieza.
El sombrero fue utilizado por Carlos Pizarro durante el proceso de dejación de armas del M-19 en 1990 y posteriormente adquirió un fuerte significado simbólico alrededor de ese proceso.
La suspensión ordenada por el Consejo de Estado no significa que el reconocimiento haya sido anulado definitivamente.
Se trata de una medida cautelar que deja temporalmente sin efectos la resolución mientras el alto tribunal estudia el fondo de la demanda.
El proceso continuará hasta que el Consejo de Estado determine definitivamente si el acto administrativo cumplió los requisitos legales o debe ser anulado.