El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro y relacionado con la negociación colectiva de los sindicatos.
La norma establecía un esquema que permitía presentar pliegos unificados y desarrollar negociaciones que trascendieran una empresa determinada para involucrar sectores económicos o grupos empresariales.
El Consejo de Estado consideró preliminarmente que existían razones para suspender sus efectos mientras adopta una decisión definitiva sobre las demandas presentadas contra la norma.
El debate jurídico se concentra en los límites de la potestad reglamentaria del Presidente y en determinar si las modificaciones introducidas requerían una ley aprobada por el Congreso.
Gremios empresariales habían cuestionado el decreto y advertido sobre sus posibles efectos, especialmente al involucrar en una misma negociación a compañías con tamaños y condiciones económicas diferentes.
La suspensión es una medida cautelar y no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto.