Un contrato por $75.645.000 vuelve a poner bajo la lupa el uso de los recursos públicos en Bogotá. El documento, suscrito para atender las necesidades del parque automotor del Concejo Distrital, incluye entre sus servicios el lavado exterior de las camionetas blindadas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a determinados concejales. De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, los vehículos destinados a concejales que cuentan con esquemas de seguridad por tener un nivel de riesgo extraordinario o extremo pueden recibir dos lavados exteriores cada mes. El servicio está contemplado dentro de un contrato cuya vigencia se extiende durante nueve meses, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objeto principal del contrato está relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo, la revisión técnico-mecánica, el control de gases contaminantes y el suministro de repuestos para siete vehículos propios del Concejo y de su área administrativa. Sin embargo, dentro de las obligaciones también quedó incluido el servicio de limpieza exterior para las camionetas blindadas asignadas por la UNP. La situación generó cuestionamientos debido a que el costo del lavado no es asumido directamente por los funcionarios que utilizan estos vehículos, sino que hace parte de recursos destinados al funcionamiento del Concejo de Bogotá. El debate tomó mayor fuerza luego de que varios concejales consultados aseguraran que no tenían conocimiento de que sus camionetas contaban con este beneficio. Mientras tanto, información conocida sobre la operación del contrato señala que los conductores y responsables de los vehículos reciben instrucciones sobre los horarios y lugares establecidos para llevar los automotores al servicio de lavado. La discusión se suma a la controversia histórica que existe en Colombia alrededor de los beneficios asociados a los vehículos oficiales y los esquemas de seguridad. Las camionetas blindadas son asignadas por razones de protección y movilidad a funcionarios que, según las autoridades competentes, enfrentan determinados niveles de riesgo, pero su mantenimiento y operación representan gastos adicionales para el Estado. El caso también pone nuevamente sobre la mesa la magnitud del gasto relacionado con los vehículos blindados de los concejales de Bogotá. El concejal Angelo Schiavenatto había señalado previamente que el costo de estos esquemas de transporte y seguridad ronda los $8.000 millones.
Ahora, el contrato conocido incorpora otros $75,6 millones para diferentes servicios relacionados con el parque automotor, entre ellos las lavadas de las camionetas blindadas de los concejales cobijados por la medida. Más allá del monto destinado específicamente al lavado, el cuestionamiento se concentra en la pertinencia de que los recursos públicos cubran un servicio de esta naturaleza para vehículos que, aunque son utilizados dentro de esquemas oficiales de seguridad, terminan siendo parte de la rutina diaria de los funcionarios beneficiarios. Los concejales de Bogotá reciben una remuneración que supera los $40 millones mensuales, de acuerdo con el régimen de honorarios y pagos aplicable a los integrantes del cabildo distrital. Por eso, el beneficio ha despertado críticas entre quienes consideran que determinados gastos asociados al uso cotidiano de estos vehículos deberían ser asumidos por sus usuarios. El contrato, sin embargo, establece expresamente que el lavado exterior hace parte de las condiciones previstas para las camionetas asignadas por la UNP a concejales con niveles de riesgo extraordinario o extremo. Por tanto, el debate no gira únicamente alrededor del costo, sino también sobre la necesidad, alcance y justificación de este tipo de beneficios financiados con recursos públicos. El episodio recuerda otras controversias nacionales relacionadas con los gastos de funcionarios públicos. En 2011, el entonces presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, generó críticas después de afirmar que su salario no le alcanzaba para pagar la gasolina de las camionetas oficiales que tenía asignadas. Años después, la discusión vuelve a aparecer, esta vez en Bogotá y alrededor de un servicio mucho más cotidiano: el lavado de los vehículos blindados utilizados por algunos concejales. El contrato continuará vigente hasta finales de 2026, por lo que el tema podría seguir generando preguntas sobre los gastos que se cargan al presupuesto público para garantizar la operación de los vehículos oficiales y los esquemas de seguridad de los funcionarios.