Comprar carros e inmuebles en efectivo podría quedar prohibido con el Estatuto Antiterrorista

El Gobierno de Abelardo De La Espriella contempla nuevas restricciones al uso del efectivo como parte del Estatuto Antiterrorista, una iniciativa que busca dificultar el movimiento de recursos provenientes de actividades criminales y fortalecer los mecanismos de vigilancia financiera en Colombia. Entre las medidas que se estudian está la posibilidad de exigir que determinadas compras, como vehículos, viviendas y lotes, se paguen mediante el sistema bancario. El propósito es dejar un registro verificable de las operaciones, identificar a quienes intervienen en ellas y facilitar la revisión del origen del dinero. La propuesta se sumaría a otras herramientas incluidas en el borrador del proyecto, que contempla mecanismos para rastrear activos, vigilar transacciones y bloquear recursos vinculados con personas u organizaciones incluidas en un registro de terroristas. Sin embargo, la prohibición de pagar en efectivo ciertos bienes se plantea como una medida que podría incorporarse, por lo que sus alcances definitivos dependerán del texto que avance en el trámite legislativo. Más controles sobre minerales y activos virtuales El proyecto también propone crear el Sistema Nacional de Trazabilidad de Minerales Estratégicos, con un registro de los actores que participan en su explotación, comercialización, fundición y transporte. Asimismo, establecería comprobantes digitales para verificar el origen de cada lote y controles adicionales para las operaciones fronterizas de mayor valor. En el caso del oro y otros minerales estratégicos, el borrador contempla presumir el origen ilícito de aquellos que no cuenten con trazabilidad, aunque permitiría demostrar lo contrario. También plantea sanciones penales de entre seis y 14 años de prisión por la comercialización ilegal de estos recursos, además de multas económicas. Otro frente de la iniciativa apunta a las criptomonedas y demás activos virtuales. Los proveedores de estos servicios tendrían que obtener licencias, identificar a los participantes de las transacciones y reportar operaciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El proyecto también prevé mecanismos para congelar billeteras digitales bajo determinadas órdenes de autoridad competente. Congelamiento de bienes y controles judiciales El borrador contempla, además, la creación de una autoridad encargada de ordenar el congelamiento de fondos y activos de personas incluidas en el registro de terroristas. La medida debería ejecutarse dentro de las 24 horas siguientes a la inclusión, con una revisión judicial posterior automática en un plazo de 72 horas. El texto establece que deben existir garantías para cubrir necesidades básicas y gastos de defensa de las personas afectadas. También propone un mecanismo de aprehensión preventiva de bienes relacionados con personas incluidas en los listados y presuntos testaferros, cuando exista una desproporción entre su patrimonio y sus actividades lícitas. El exdirector del CTI Julián Quintana considera que exigir pagos bancarizados para ciertas operaciones puede facilitar la identificación de compradores y vendedores, así como la verificación del origen de los recursos. No obstante, advierte que utilizar el sistema financiero no garantiza por sí solo la legalidad del dinero y que las restricciones deben contar con reglas claras, proporcionales y alternativas accesibles de pago. Por su parte, el general en retiro Juan Carlos Buitrago destacó la incorporación de herramientas financieras, administrativas y penales para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La iniciativa abre un debate sobre el alcance de los controles financieros que podría implementar el Estado para combatir las economías criminales, así como sobre las garantías necesarias para evitar afectaciones injustificadas a los ciudadanos y sus bienes.