La realización y publicación de encuestas de opinión en Colombia atraviesa un momento de incertidumbre. Las nuevas exigencias establecidas por la Ley 2494 de 2025, conocida como Ley Mordaza, han encendido las alarmas entre las principales firmas encuestadoras, que advierten dificultades para desarrollar su trabajo y divulgar los resultados de sus investigaciones. Las empresas Cifras & Conceptos e Invamer señalaron que el nuevo escenario regulatorio ha incrementado los costos de operación y las cargas administrativas, al punto de obligarlas a destinar mayores recursos a asesorías jurídicas y a responder requerimientos de las autoridades electorales. Uno de los casos más recientes es el de Cifras & Conceptos. Su gerente, César Caballero, presentó los principales resultados de la Polimétrica Ola 59, un estudio que analiza la percepción ciudadana sobre la situación del país y la gestión del Gobierno Nacional. Sin embargo, la firma optó por no divulgar las cifras completas y entregar únicamente un documento con las conclusiones y la interpretación de los hallazgos. Caballero explicó que la decisión está relacionada con la falta de claridad sobre las reglas que actualmente regulan la actividad de las encuestadoras. Según indicó, existe un escenario en el que confluyen disposiciones legales, resoluciones, conceptos jurídicos y decisiones de magistrados, lo que dificulta establecer con precisión las obligaciones del sector. La preocupación también fue expresada por Invamer. Su gerente, Martín Orozco, sostuvo que las nuevas disposiciones han generado mayores gastos y trámites para las empresas dedicadas a medir la opinión pública. Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para Invamer, algunos requerimientos de esta instancia han resultado reiterativos y poco claros, provocando un desgaste administrativo para las firmas. Orozco advirtió que las consecuencias no recaen únicamente sobre las empresas, sino también sobre los ciudadanos, quienes tienen ahora menos acceso a estudios que permiten conocer las tendencias de opinión y el comportamiento del electorado. La firma manifestó que espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional o una eventual modificación de la legislación en el Congreso, con el propósito de establecer reglas claras para el ejercicio de esta actividad. La Corte Constitucional ya modificó algunos apartes de la ley La Ley 2494 del 23 de julio de 2025 estableció nuevas condiciones para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales. Entre sus disposiciones incluyó mayores exigencias metodológicas y obligaciones de información ante el CNE. No obstante, la Corte Constitucional intervino en algunos de sus apartes. Mediante la Sentencia C-168 de 2026, del 3 de junio, declaró inexequible la restricción que impedía realizar encuestas de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos. El alto tribunal consideró que esa limitación afectaba desproporcionadamente el acceso a la información pública durante el periodo preelectoral. Asimismo, eliminó la obligación de entregar al CNE el código computacional utilizado para replicar la selección de muestras en encuestas realizadas en hogares y los números telefónicos de los participantes, al considerar que estas exigencias podían comprometer la intimidad y la protección de los datos personales. Pese a estas decisiones, la Corte no tumbó la totalidad de la Ley 2494. Las disposiciones que no fueron declaradas inexequibles continúan vigentes. El debate, por tanto, sigue abierto. Mientras las encuestadoras reclaman mayor claridad jurídica y menos obstáculos administrativos, Colombia enfrenta el riesgo de contar con menos mediciones independientes de opinión en un momento clave para el debate político y electoral.
Colombia se está quedando sin encuestas: firmas advierten freno por la Ley Mordaza
Firmas como Invamer y Cifras & Conceptos advierten que las nuevas exigencias regulatorias han elevado los costos, generado trabas administrativas y reducido la divulgación de estudios de opinión en el país.

