El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para la Fuerza Pública en Colombia. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que desde 2023 se han registrado 716 ataques con estos dispositivos en el país, de los cuales 318 ocurrieron durante 2026, lo que equivale a un hecho aproximadamente cada 20 horas, según las cifras divulgadas en el documento. La expansión de esta modalidad de ataque preocupa por su capacidad para golpear a los uniformados, poner en riesgo a las comunidades y afectar instalaciones estratégicas. El reporte también evidencia las dificultades que enfrenta el Estado para contrarrestar una tecnología que los grupos armados han incorporado progresivamente a sus operaciones. Uno de los casos recientes fue la muerte del soldado Samuel Pinzón Barliza Ipuana, quien perdió la vida en un ataque con dron. Según la Novena Brigada del Ejército, la acción fue ejecutada por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente de las antiguas Farc que es señalada de estar bajo el mando de alias Iván Mordisco. Cuatro departamentos concentran el 71 % de los ataques El informe identifica una concentración territorial de estos hechos. Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander reúnen el 71 % de los ataques registrados, una distribución que evidencia la presión que soportan varias regiones donde operan organizaciones armadas ilegales. En cuanto a los responsables, la FIP atribuye el 95 % de los casos a dos estructuras: el Estado Mayor Central, al que relaciona con el 72 % de los ataques, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 23 %. Las consecuencias también se reflejan en las cifras de personas afectadas. De acuerdo con el reporte, desde 2024 se contabilizan 487 víctimas entre heridos y fallecidos. En la población civil se reportan 55 heridos y seis muertos, mientras que entre los integrantes de la Fuerza Pública las cifras ascienden a 401 heridos y 25 fallecidos. Una modalidad que gana terreno en el conflicto Aunque el interés de las antiguas Farc por incorporar drones se remonta a años anteriores, el primer ataque con explosivos mediante estos dispositivos mencionado en el informe ocurrió en julio de 2023, en Puerto Guzmán, Putumayo. La acción fue atribuida a los Comandos de Frontera, organización que estuvo liderada por alias Araña. Posteriormente, el empleo de estos aparatos se extendió. El documento registra 119 ataques durante 2024 y 277 en 2025, una evolución que muestra cómo los drones pasaron de ser un recurso emergente a convertirse en una herramienta recurrente dentro de las confrontaciones armadas. El Ministerio de Defensa reportó que en 2025 se presentaron cerca de 9.000 intentos de ataque con drones y que aproximadamente el 96 % fueron neutralizados o inhibidos, según las cifras citadas en la publicación. Sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías plantea dificultades adicionales para los sistemas de protección. Entre ellas figuran los drones controlados mediante fibra óptica, que transmiten señales a través de un cable y pueden evadir algunos mecanismos convencionales de interferencia electrónica. Esta característica obliga a revisar y ampliar las capacidades de detección y respuesta de las unidades militares. Vigilancia, bajo costo y menor exposición de los combatientes La Fundación Ideas para la Paz señala que estos dispositivos ofrecen ventajas operativas a los grupos armados. Además de emplearlos para lanzar explosivos, pueden utilizarlos para vigilar los movimientos de la Fuerza Pública, observar a la población civil y verificar las condiciones de seguridad de sus campamentos sin exponer directamente a sus integrantes. Otra de las dificultades está relacionada con la formación de operadores. Según el análisis, preparar a una persona para manejar estos aparatos puede resultar más rápido que entrenar a un combatiente para otras funciones militares. A esto se suma la posibilidad de realizar ataques con costos relativamente bajos y sin poner necesariamente en riesgo inmediato al operador. La amenaza no se limita a los enfrentamientos contra militares. También puede dirigirse contra infraestructura pública o privada considerada estratégica. Un ejemplo citado es el ataque con drones contra un radar aeronáutico tridimensional ubicado en Candelaria, Valle del Cauca, instalación relacionada con la vigilancia y la seguridad del espacio aéreo. ¿Qué propone la Fundación Ideas para la Paz? Frente a este escenario, la FIP considera que la respuesta estatal debe ir más allá de neutralizar cada aparato utilizado en los ataques. Su planteamiento consiste en identificar y afectar los recursos humanos y logísticos que permiten a las organizaciones armadas sostener y ampliar estas capacidades, incluidos los instructores y proveedores. En el corto plazo, la organización plantea dos prioridades: fortalecer los sistemas antidrones en las unidades más afectadas, especialmente aquellas pequeñas y alejadas de los centros urbanos, y desarrollar medidas de protección para las comunidades expuestas a estos ataques. La difusión de protocolos de autoprotección también aparece como una tarea necesaria para reducir los riesgos sobre la población civil. El desafío, según el diagnóstico presentado, consiste en adaptar la respuesta institucional a una modalidad de guerra que evoluciona con rapidez. La frecuencia de los ataques y la incorporación de nuevas tecnologías mantienen la presión sobre las autoridades y obligan a reforzar tanto las capacidades operativas como las medidas de prevención en los territorios más afectados.
Colombia registra un ataque con drones cada 20 horas: en Cauca y Chocó la situación es grave
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte sobre el crecimiento de esta modalidad de guerra, atribuida principalmente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y al ELN.
