El senador Iván Cepeda lanzó fuertes críticas contra el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo De La Espriella para enfrentar a las organizaciones armadas y criminales. Aunque el contenido completo de la iniciativa todavía no ha sido divulgado públicamente, el congresista manifestó su preocupación por las facultades que, según su interpretación, podría otorgarle al Ejecutivo. Cepeda sostuvo que el proyecto podría abrir la puerta a decisiones que afecten derechos fundamentales y advirtió que un Gobierno con características autoritarias podría quedar “con las manos libres” para actuar contra la ciudadanía. Uno de los principales cuestionamientos del senador está relacionado con la definición de terrorismo. Según explicó, el concepto contemplaría conductas asociadas con miedo, pánico, zozobra, amenazas, riesgos o violencia, una formulación que considera demasiado amplia. “Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, afirmó Cepeda al cuestionar el alcance que podría tener la norma. El dirigente del Pacto Histórico también expresó reparos frente a la posibilidad de que el Gobierno pueda determinar qué personas u organizaciones son consideradas terroristas sin que previamente exista una decisión judicial. A su juicio, esta facultad podría generar decisiones arbitrarias y afectar derechos como el buen nombre, además de producir consecuencias económicas y patrimoniales para personas que no tengan condenas o antecedentes penales. Otro de los puntos que genera controversia es la creación de la figura del alto comisionado contra el terrorismo. Cepeda cuestionó que este cargo pueda tener amplias facultades y una duración de cinco años, incluso más allá del periodo presidencial que lo designe. El Gobierno, por su parte, sostiene que el estatuto busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir a los grupos armados ilegales y las estructuras criminales que representan una amenaza para la seguridad nacional. El debate aumentará cuando el contenido completo del proyecto sea conocido públicamente, momento en el que se podrá establecer con precisión cuáles serán las facultades, controles judiciales y mecanismos previstos en la iniciativa.

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