El Centro Democrático presentó un proyecto de acto legislativo que busca fortalecer las garantías y la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La iniciativa establece una revisión automática judicial de estas sentencias, sin que el militar o policía tenga que solicitarla. De esta manera, todos los miembros de la Fuerza Pública tendrán la misma garantía, independientemente de sus recursos económicos o de las circunstancias particulares de su defensa. El proyecto plantea que la revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podrá confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías constitucionales.
Una de las principales garantías de la propuesta es que ninguna modificación podrá agravar la situación del sancionado. La decisión solo podrá modificarse en su favor, en aplicación del principio de no reformatio in pejus, como garantía del debido proceso. Con la revisión automática se busca, además, evitar que las sentencias permanezcan durante años sometidas a mecanismos extraordinarios y en situación de incertidumbre. Una vez realizada la revisión, la decisión quedará en firme. El proyecto establece que la sentencia sea revisada por un juez que verdaderamente conozca de Derecho Operacional, con amplia capacidad de decidir en el marco del Derecho Internacional Humanitario.