Cartas revelan propuesta del ELN para intercambiar a dos funcionarios del CTI por cuatro de sus presos

Una propuesta de intercambio entre el ELN y el Gobierno colombiano llegó a avanzar durante la administración de Gustavo Petro, según una serie de comunicaciones que fueron conocidas por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. Los documentos muestran que la organización armada buscó utilizar el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía como parte de una negociación para conseguir la libertad de cuatro de sus integrantes que permanecían presos. Los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados después de que integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN interceptaran la camioneta oficial en la que se movilizaban por una vía entre Fortul y Arauquita, en Arauca. Según el documento, los dos funcionarios fueron sometidos posteriormente a un denominado “juicio revolucionario” y el ELN anunció que permanecerían retenidos durante varios años. El caso terminó convirtiéndose en uno de los asuntos que fueron utilizados para explorar un eventual intercambio humanitario con la organización guerrillera. De acuerdo con los documentos, aproximadamente un mes después del secuestro comenzó un intercambio de comunicaciones entre integrantes del ELN y funcionarios relacionados con el Gobierno nacional, en el que se empezaron a establecer condiciones para buscar la liberación de los dos funcionarios. En ese contexto, el entonces presidente Gustavo Petro había planteado públicamente la posibilidad de un intercambio humanitario con el ELN para conseguir la liberación de los secuestrados. Sin embargo, las comunicaciones conocidas posteriormente muestran que la discusión no se habría limitado a una eventual liberación de los funcionarios. El ELN planteó un mecanismo en el que los dos integrantes del CTI serían intercambiados por cuatro miembros de esa organización que estaban privados de la libertad. La propuesta del ELN Una de las comunicaciones está fechada el 11 de junio de 2025 y fue enviada por el Frente de Guerra Oriental del ELN al Gobierno. En ella, la organización guerrillera agradeció las gestiones humanitarias adelantadas para buscar una salida a la retención de los dos funcionarios del CTI. Pero el documento también incluía los nombres de cuatro integrantes del ELN que, según la propuesta, serían intercambiados para permitir la liberación de los funcionarios de la Fiscalía. Los nombres incluidos fueron José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada. Los cuatro habían sido capturados durante el Gobierno de Iván Duque y, según la información contenida en los documentos, sus procesos judiciales estaban relacionados con diferentes delitos y actividades atribuidas al ELN. ¿Quiénes eran los cuatro presos? Entre los nombres incluidos en la propuesta estaba Ramiro Pulgarín Hernández, conocido con el alias de ‘El Burro’. Pulgarín fue capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca, cuando ingresaba desde Venezuela. La Fiscalía lo vinculó con asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública y líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare. Otro de los nombres era Joel Quintero Uribe, alias ‘Manteco’, quien fue capturado en Arauquita en mayo de 2020 durante una operación militar contra una estructura del ELN. Según la información incluida en los documentos, Quintero era señalado como integrante del Frente Domingo Laín Sáenz y llevaba más de una década vinculado a esa estructura armada. También figuraba José Rosely Cruz Laverde, quien cumplía una condena de 17 años por homicidio agravado en la cárcel de El Barne, en Boyacá. El cuarto integrante mencionado era Fredy Buitrago Parada, quien permanecía recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas, por el delito de rebelión agravada. La intervención de la DNI La propuesta llegó hasta la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que para ese momento estaba bajo la dirección de Jorge Arturo Lemus. En una comunicación posterior, fechada en septiembre de 2025, el ELN manifestó su disposición a conformar comisiones negociadoras con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para concretar el eventual intercambio. La respuesta de la DNI muestra que el Gobierno también había considerado la posibilidad de evaluar la liberación de cuatro integrantes del ELN privados de la libertad. No obstante, el planteamiento estaba sujeto a determinadas condiciones. Entre ellas aparecían situaciones médicas graves o casos de personas mayores de 70 años que pudieran enfrentar dificultades para acceder a los tratamientos médicos requeridos dentro de los centros penitenciarios. La comunicación oficial también señalaba que el eventual acuerdo debía tener un carácter humanitario y representar un alivio para personas que no participaran directamente en las hostilidades. Al mismo tiempo, desde el Gobierno se exigía que el acuerdo contemplara la liberación de los funcionarios secuestrados y se solicitaron pruebas de supervivencia que permitieran establecer las condiciones en las que permanecían retenidos. Hubo una reunión en Arauca El proceso no se quedó únicamente en el intercambio de cartas. Según la documentación conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, llegó a realizarse una reunión en Arauca en la que participaron representantes vinculados a las partes y hubo acompañamiento de organizaciones internacionales. La intención era avanzar en una eventual negociación presencial y establecer un mecanismo para el intercambio en un lugar neutral, con garantías de seguridad para quienes participaran en el proceso. Para entonces, la propuesta ya estaba bajo la mirada de organismos de control. El proceso, finalmente, no avanzó hacia el intercambio planteado inicialmente. La documentación señala que la situación de los cuatro integrantes del ELN incluidos en la propuesta generó cuestionamientos y terminó frenando el desarrollo de la negociación. El caso deja documentado que durante el Gobierno Petro sí existió un intercambio de comunicaciones con el ELN alrededor de un eventual canje de presos por los dos funcionarios del CTI secuestrados. La discusión estuvo enmarcada por la búsqueda de una salida humanitaria al secuestro, pero también involucró la eventual excarcelación de integrantes de una organización armada con procesos y condenas por delitos de distinta gravedad.