En Sabana de Torres (Santander), la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía capturaron este domingo a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos mediante notificación roja de Interpol, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella y reportaron El Tiempo y Semana.
El mandatario identificó a las detenidas como la esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien encabezó la organización Los Choneros y ya fue extraditado a Estados Unidos. De La Espriella anunció que las enviará a Ecuador: “Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”.
La operación, según el Gobierno, se adelantó en articulación con el FBI y autoridades ecuatorianas. El director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera, dijo que seguirán las labores de inteligencia con aliados internacionales para ubicar a quienes pretendan evadir a las autoridades y afectar economías criminales transnacionales.
Las investigaciones en Ecuador apuntan al presunto uso de empresas de papel para dar apariencia de legalidad a recursos de la organización, en el caso conocido como Blanqueo Fito. El presidente colombiano enmarcó el golpe en su política de seguridad: “Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional. En la era del Tigre, los familiares de los bandidos que delinquen con ellos no quedarán impunes”.
Los Choneros surgieron en la provincia de Manabí (Ecuador) en la década de 1990 y han sido señalados de narcotráfico, sicariato, extorsión y lavado. Alias Fito fue capturado en Ecuador en junio de 2025 tras fugas previas; Estados Unidos ha tratado a la organización como grupo terrorista para facilitar el intercambio de inteligencia.
El caso refuerza la apuesta del Ejecutivo por perseguir no solo a los cabecillas armados, sino también a las redes financieras y familiares que sostienen el negocio ilícito. La entrega a Quito será la prueba de si esa cooperación bilateral se traduce en procesos judiciales efectivos al otro lado de la frontera.