La Cancillería colombiana dio a conocer resultados preliminares de una revisión de la contratación heredada del Gobierno de Gustavo Petro. Desde el 7 de agosto se examinaron 811 contratos por aproximadamente $92.846 millones y se identificaron coincidencias de objeto, diferencias de valor y otras características que requieren aclaración.
De acuerdo con la entidad, 551 contratos describían actividades repetidas o altamente similares. Dentro de ese conjunto, 367 tenían objetos contractuales idénticos, pero valores distintos. En ciertos casos, las diferencias de precio llegaban a ser de hasta cuatro veces.
Entre los casos atípicos figura un contrato por $2.839 millones con un plazo registrado de ejecución de apenas dos días. También se reportó uno con valor de cero pesos y vigencia hasta 2028. Las observaciones deben contrastarse con los soportes contractuales y las condiciones de ejecución.
La revisión también encontró que el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se suscribieron 227 contratos por un valor conjunto de $21.137 millones. Esa cantidad representó, según la Cancillería, el 28,1 % de la contratación anual.
Adicionalmente, se identificaron 101 contratos firmados en fines de semana y una concentración del 53,4 % de la contratación anual durante las semanas previas al inicio de las restricciones electorales.
El Ministerio señaló que el 99,6 % de los contratos revisados fueron adjudicados mediante contratación directa. La legislación permite esa modalidad en situaciones específicas, por lo cual su uso no demuestra por sí solo una irregularidad.
Un conjunto de 19 contratos, cuyo valor aproximado asciende a $100.164 millones, fue remitido a la Contraloría General para que determine si procede alguna actuación de control fiscal. El monto corresponde al valor contractual bajo examen y no constituye un detrimento patrimonial comprobado.
La Cancillería indicó que continuará verificando documentos y trasladará a los organismos competentes los casos que cuenten con sustento suficiente. Los funcionarios y contratistas mencionados conservan sus garantías de defensa.
La pregunta central es si cada contrato respondió a una necesidad pública comprobable, si su precio estuvo adecuadamente justificado y si las obligaciones se ejecutaron. El examen documental, y no la simple coincidencia de objetos o fechas, determinará si existieron incumplimientos o responsabilidades.