La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes confirmó que incorporará al expediente 7686 las quejas radicadas contra el presidente Abelardo De La Espriella por la adhesión de Colombia a la coalición Escudo de las Américas y la presunta presencia de personal militar estadounidense en el país.
En respuesta al abogado Wálter Aguirre Mazo, la célula legislativa indicó que los documentos y anexos serán agregados a las actuaciones y que, tras el reparto, se asignará un representante-investigador que avoque conocimiento del asunto.
La denuncia del 15 de agosto busca establecer si se cumplieron los requisitos constitucionales para el ingreso de tropas, aeronaves y mandos militares de Estados Unidos. El artículo 173 de la Constitución atribuye al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras, con una excepción en receso legislativo que exige concepto previo del Consejo de Estado.
El Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C). Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó la firma de un instrumento de acceso, bases y sobrevuelo. Entre el 26 y el 28 de agosto, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, cumplió una visita oficial a Colombia.
Aguirre Mazo aportó registros de la plataforma oficial Dvids de las Fuerzas Armadas de EE. UU. sobre actividad del 27 de agosto en Tumaco, con helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines y altos mandos estadounidenses. El escrito aclara que las imágenes no prueban por sí solas operaciones de combate, sino la llegada de efectivos a una zona sensible.
El 27 de agosto el Congreso estaba en período ordinario, por lo que la queja plantea que la excepción presidencial no parecería aplicable de manera preliminar. El denunciante también señaló que, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, no hubo solicitudes al Consejo de Estado sobre tránsito o permanencia de tropas extranjeras relacionadas con A3C.
El expediente pide certificaciones al Senado y requerimientos a Presidencia, Defensa, Fuerzas Militares y Cancillería sobre acuerdos, órdenes y reglas de operación. La Comisión deberá definir, tras el reparto, si hay mérito para investigar al jefe de Estado por el alcance jurídico de esa cooperación bilateral.