El Gobierno nacional anunció una revisión exhaustiva de los contratos del Hospital Departamental de San Andrés, luego de identificar presuntas irregularidades administrativas que podrían comprometer los recursos públicos y afectar la prestación de los servicios de salud en el archipiélago. El presidente Abelardo De La Espriella calificó de “indignante” la situación encontrada en la institución y ordenó el despliegue de un equipo técnico y forense para examinar los contratos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales. Entre los hallazgos señalados por el mandatario figuran equipos médicos de alta tecnología que permanecerían abandonados en sus embalajes y expuestos al deterioro, así como posibles nóminas paralelas y presunto direccionamiento de contratos de aseo y radiología hacia personas vinculadas con la Gobernación. Uno de los casos que llamó la atención del jefe de Estado es un contrato para el servicio de fotocopiadoras, cuyo valor ascendería a $60 millones mensuales. El Gobierno busca establecer las condiciones de contratación y verificar si los recursos fueron utilizados conforme a la ley. Investigación sobre los recursos del hospital De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, las indagaciones preliminares también apuntarían a la posible participación de un diputado local. Sin embargo, será necesario que las autoridades competentes verifiquen los hechos y determinen si existen responsabilidades individuales. “Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia”, manifestó De La Espriella al referirse a las medidas adoptadas para esclarecer las presuntas anomalías. La decisión se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema hospitalario de San Andrés. Entre los problemas reportados se encuentran miles de estudios radiológicos pendientes y procedimientos quirúrgicos aplazados durante periodos prolongados, situaciones que han generado preocupación por la oportunidad de la atención médica. El Gobierno también anunció acciones para atender las necesidades de los pacientes de la isla. Según el presidente, el plan de choque en salud busca resolver los pendientes de más de 4.900 personas y registra un avance del 35 % en la entrega de medicamentos, de acuerdo con el balance presentado por el mandatario. Asimismo, aseguró que se avanza en dos proyectos hospitalarios destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria del archipiélago. El reto de garantizar la atención a los pacientes La intervención del Hospital Departamental busca revisar su administración y adoptar medidas frente a las deficiencias identificadas. El Ejecutivo sostuvo que la institución debe concentrar sus recursos en garantizar la atención de los habitantes de San Andrés y no en favorecer intereses particulares. Por ahora, las presuntas irregularidades deberán ser verificadas mediante las auditorías y las actuaciones de las autoridades competentes. Los resultados permitirán establecer si hubo incumplimientos contractuales, manejo indebido de recursos públicos u otras conductas que ameriten sanciones. El caso vuelve a poner en el centro del debate la administración de los recursos destinados a la salud en el archipiélago, donde la transparencia en la contratación y la capacidad de respuesta hospitalaria son fundamentales para garantizar los derechos de los pacientes.

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