El Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto que busca modificar y adicionar disposiciones del Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo de actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas. El documento propone actualizar las reglas de intervención estatal, fortalecer los mecanismos de prevención y diálogo y precisar las circunstancias en las que las autoridades pueden actuar ante hechos que afecten el orden público o los derechos de terceros. El proyecto se encuentra publicado para recibir observaciones ciudadanas. Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la manera en que las autoridades deberán abordar las movilizaciones. El borrador establece que el diálogo y la mediación tendrán carácter prioritario frente a las manifestaciones, pero aclara que esto no impediría actuaciones individuales contra personas que incurran en hechos violentos. De esta manera, las autoridades podrían mantener el diálogo con quienes participan pacíficamente mientras intervienen frente a conductas específicas que constituyan una amenaza. El proyecto también contempla el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional ante situaciones como el porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o elementos incendiarios. La intervención también estaría prevista frente a agresiones contra civiles, servidores públicos, integrantes de la Fuerza Pública, misiones médicas o periodistas, así como ante otras conductas que puedan configurar delitos o generar riesgos para la integridad de las personas. Según el texto divulgado, los gestores de convivencia y los equipos encargados del diálogo deberán mantener canales de comunicación durante las jornadas de movilización. Sin embargo, la presencia de estos equipos no impediría que las autoridades intervengan de manera paralela frente a personas que estén cometiendo actos violentos.
La propuesta señala además que la fuerza podría utilizarse para prevenir, contener o detener delitos y hechos de violencia, proteger la vida y la integridad de las personas, preservar bienes y recuperar condiciones de seguridad y convivencia. Estas actuaciones tendrían que ajustarse a los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza. Otro de los puntos contemplados es la posibilidad de retomar el diálogo después de una intervención policial, siempre que hayan cesado las acciones violentas y existan condiciones para proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a las personas que no participan en la movilización. El Ministerio del Interior argumenta que la actualización del Decreto 003 de 2021 busca responder a situaciones que no estarían suficientemente precisadas en la regulación vigente, entre ellas la coordinación institucional frente a bloqueos y las afectaciones que estos pueden generar sobre el abastecimiento, los servicios de salud y el tránsito de misiones médicas. El proyecto también incorpora como contexto el aumento de los episodios de conflictividad social registrado durante los últimos años. De acuerdo con las cifras citadas en el documento base de esta nota, los eventos de protesta y conflicto pasaron de 1.427 en 2022 a 2.046 en 2023, 3.832 en 2024 y 4.039 en 2025. Los bloqueos o cortes de ruta representaron el 41 % de los casos. La propuesta se encuentra actualmente en etapa de proyecto y, por tanto, podría recibir modificaciones antes de convertirse en una norma definitiva. El Ministerio del Interior informó que el documento permanecerá abierto para observaciones ciudadanas hasta el 4 de octubre de 2026.