El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia que había ordenado disculpas por el acto religioso de la posesión presidencial, y el senador Gonzalo Baute respaldó la decisión en X. El tribunal determinó que no hubo vulneración de la libertad de conciencia, religión y cultos durante la ceremonia del 7 de agosto de 2026 en Cali.
La controversia partió de una tutela contra el componente religioso incluido en la posesión del presidente Abelardo De la Espriella. En primera instancia, un juzgado de la capital ordenó disculpas públicas al jefe de Estado y al presidente del Congreso, Honorio Henríquez.
En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia y negó las pretensiones de amparo constitucional. La providencia, según esos medios, concluyó que la participación de líderes de distintas expresiones judeocristianas en el acto no equivalía a una adhesión oficial del Estado a un credo determinado.
El senador de Cambio Radical, Gonzalo Baute, reaccionó en su cuenta de X. «La justicia habló y hay que respetarla. El Tribunal Superior de #Bogotá revocó el fallo de primera instancia y determinó que no hubo vulneración de la libertad de conciencia, religión y cultos durante la posesión presidencial», escribió.
Baute añadió que «Colombia es un Estado laico, pero laico no significa antirreligioso» y que «la libertad de creer y de no creer debe estar garantizada para todos». También subrayó que «se respeta la autonomía del Congreso» y cerró el mensaje con la frase «Jesucristo vive».
El tribunal sostuvo que el ordenamiento colombiano no establece que el Estado deba ser ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los ciudadanos, y que el poder público puede facilitar la participación de iglesias y confesiones religiosas en la búsqueda del bien común, dentro de un marco de igualdad.
Para Baute, el eje del mensaje fue el respeto a la decisión judicial y una lectura del laicismo que no se confunde con hostilidad religiosa. Su mención a la autonomía del Congreso enlaza el fallo con el papel del Legislativo en la ceremonia de posesión y con el alcance de las órdenes judiciales sobre autoridades de esa rama.
El episodio deja abierto un debate político y jurídico: dónde termina la laicidad del Estado y dónde comienza la libertad de expresión religiosa de altos funcionarios en actos oficiales.
La decisión no cierra la discusión pública sobre laicidad y cultos en Colombia, pero sí redefine, en esta instancia, el tratamiento judicial del acto religioso de la posesión. En el Congreso, la reacción del senador atlanticense fija una posición clara: acatar el fallo, reivindicar la libertad de creer y de no creer, y subrayar la autonomía legislativa frente a órdenes que, en su lectura, tocaron ese ámbito.