Una revisión forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella puso bajo la lupa el manejo de la inteligencia estatal entre 2022 y 2026. El informe señala posibles fallas de seguridad, manejo irregular de información, gastos reservados sin suficiente trazabilidad y presuntas actuaciones contra opositores. Una auditoría forense sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encontró una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información revelada por SEMANA, los auditores entregaron a las autoridades cerca de 147 terabytes de información, además de 40 computadores, cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que podrían ser utilizados para establecer qué ocurrió dentro de la agencia durante los últimos cuatro años. La revisión también advierte sobre posibles fallas en los controles internos y de seguridad. Según el informe citado, más de un centenar de funcionarios fueron considerados de riesgo “crítico” o “alto”, mientras que también se detectaron vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos y de ciberseguridad. Uno de los puntos que quedó bajo investigación está relacionado con el manejo de información reservada. La auditoría plantea que una estructura de contrainteligencia creada durante la reorganización de 2024 habría tenido acceso a información sensible y que ese mecanismo pudo haber sido utilizado para recopilar información sobre opositores, funcionarios y periodistas. Las autoridades deberán determinar si esas actuaciones se ajustaron a la ley y hasta dónde llegaron las presuntas extralimitaciones señaladas en el informe. Otro frente corresponde a los gastos reservados. La auditoría encontró dificultades para establecer la trazabilidad de algunos pagos realizados a informantes y cuestionó el funcionamiento de un sistema biométrico para registrar este tipo de operaciones. Según la información conocida, en ese sistema se habrían invertido alrededor de $580 millones. También se identificaron cuestionamientos relacionados con misiones de trabajo, entre ellas algunas por aproximadamente $350 millones que, según la auditoría, no corresponderían a las competencias de la dirección de contrainteligencia. El informe además señala posibles riesgos derivados de funcionarios que tendrían vínculos o contactos con estructuras criminales. En ese contexto, se mencionan investigaciones relacionadas con integrantes de grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico. Otro de los capítulos que podría generar consecuencias judiciales está relacionado con la presunta utilización de organismos de inteligencia para obtener información sobre personas consideradas opositoras al gobierno Petro. La investigación periodística menciona a exfuncionarios, políticos, integrantes de la Fuerza Pública y periodistas entre quienes habrían sido objeto de búsquedas o seguimientos. Según una fuente citada por SEMANA, algunas solicitudes de información se habrían realizado incluso mediante instrucciones verbales o documentos informales, lo que habría permitido evitar dejar registros de determinadas operaciones. La auditoría también puso bajo la lupa la cooperación y los contactos internacionales de la DNI. Entre los asuntos investigados aparecen viajes a Rusia realizados en 2025 por funcionarios de la entidad para recibir entrenamiento, así como una presunta presencia o influencia de agentes extranjeros de países como Rusia, Irán, Cuba y Venezuela. En medio de este panorama, el gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una intervención para recuperar las capacidades de la DNI. El general en retiro Jorge Andrés Zuluaga, uno de los participantes de la operación Jaque, fue encargado de dirigir la entidad y adelantar el proceso de reorganización. La instrucción presidencial, según la información publicada, apunta a depurar la institución, fortalecer sus sistemas de seguridad, recuperar la cooperación internacional y devolverle a la DNI su función principal como organismo de inteligencia del Estado. Los hallazgos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar si existieron delitos o responsabilidades disciplinarias y establecer quiénes podrían responder por las presuntas irregularidades.
Auditoría a la DNI destapa escándalo: se convirtió en "policía política" durante el gobierno Petro
Auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia detectó presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con seguridad, información reservada, gastos y manejo de inteligencia.
