Alza del salario mínimo para 2027 podría estar entre 8% y 9,5%

La negociación del salario mínimo para 2027 comienza a tomar forma en Colombia. Mientras los gremios empresariales plantean un incremento inferior al decretado para 2026, las proyecciones económicas y las preocupaciones sobre el empleo formal se perfilan como factores determinantes en la discusión que deberán adelantar el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales. Las primeras estimaciones sitúan el aumento entre el 8 % y el 9,5 %. Sin embargo, se trata de proyecciones preliminares y no de una decisión definitiva, pues el porcentaje dependerá de las variables económicas que se conozcan durante los próximos meses y del resultado de la concertación entre las partes. Inflación y productividad, en el centro de la discusión Los representantes empresariales consideran que el próximo ajuste debe guardar relación con el comportamiento de los precios y la capacidad productiva del país. El objetivo, según este planteamiento, es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones excesivas sobre los costos de contratación. Las estimaciones parten de una inflación que podría ubicarse cerca del 7 % al cierre de 2026. Bajo ese escenario, un aumento del salario mínimo entre el 8 % y el 9,5 % representaría una mejora nominal frente al costo de vida, aunque el resultado real dependerá de la inflación que finalmente se registre. Por su parte, la firma BDO calcula que un incremento basado en la inflación y una productividad laboral de entre el 0,5 % y el 1 % podría ubicarse aproximadamente entre el 7,4 % y el 7,9 %. Esta estimación difiere de la planteada por otros sectores y evidencia que todavía no existe consenso sobre la cifra que debería aplicarse. La discusión también deberá contemplar otros indicadores económicos, entre ellos el crecimiento del producto interno bruto, la participación de los salarios en el ingreso nacional y las metas de inflación, factores contemplados en el marco legal de la concertación salarial. Anif advierte sobre la informalidad y las presiones económicas Uno de los puntos más sensibles de la negociación será el impacto que tuvo el incremento del salario mínimo de 2026. De acuerdo con los planteamientos de Anif, el ajuste habría contribuido a comprimir las diferencias salariales y estaría asociado con una mayor generación de ocupaciones informales, aspectos que deberán evaluarse durante el análisis económico. La preocupación radica en que un aumento salarial puede beneficiar los ingresos de los trabajadores formales, pero también elevar los costos que enfrentan las empresas, especialmente aquellas que requieren una gran cantidad de mano de obra o tienen una capacidad financiera limitada. En ese escenario, los empleadores podrían revisar sus planes de contratación, mientras que algunos negocios tendrían mayores dificultades para asumir los gastos asociados con la formalización laboral. No obstante, el efecto definitivo dependerá de las condiciones de cada sector y de la evolución general de la economía. Anif también ha señalado la importancia de considerar las presiones inflacionarias, el crecimiento moderado del aparato productivo y las consecuencias fiscales del aumento anterior. El ajuste no solo incide en las nóminas empresariales, sino que también puede repercutir en obligaciones públicas vinculadas con las pensiones y otros pagos relacionados con el salario mínimo. El Gobierno busca aliviar los costos empresariales Dentro del debate económico también aparece la propuesta de mejorar las condiciones para las empresas que generan empleo. El planteamiento defendido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella apunta a reducir la carga tributaria empresarial como una vía para aliviar costos y favorecer la conservación de puestos de trabajo. Esta posición busca que la discusión sobre los ingresos de los trabajadores no se limite al porcentaje de incremento salarial, sino que incluya medidas orientadas a fortalecer la actividad productiva y facilitar la contratación formal. El desafío será encontrar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo, la sostenibilidad de las empresas y la capacidad del Estado para asumir sus obligaciones fiscales. Las decisiones que se adopten tendrán efectos tanto en los ingresos de millones de trabajadores como en los costos de operación de distintos sectores económicos. Estas son las etapas que marcarán la negociación Aunque el cronograma definitivo deberá confirmarse oficialmente, las etapas previstas incluyen la revisión de las cifras de productividad hacia finales de noviembre y la publicación de los principales indicadores de inflación y actividad económica a comienzos de diciembre. Con esa información, empresarios y representantes de los trabajadores podrán sustentar sus propuestas y avanzar en la búsqueda de un acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2027. El proceso estará marcado por posiciones que pueden diferir considerablemente. Mientras los trabajadores buscarán preservar su capacidad de compra, los empresarios insistirán en la necesidad de tener en cuenta la productividad y los costos laborales. Por ahora, el aumento de entre el 8 % y el 9,5 % constituye una referencia preliminar, no una cifra oficial. La decisión final dependerá de las cifras económicas disponibles y de las negociaciones que se desarrollen antes de terminar el año.