Adiós mano blanda

Colombia podría estar entrando en una etapa completamente distinta frente al terrorismo: menos concesiones, más cárcel, más inteligencia, más persecución del dinero y más capacidad militar para golpear a quienes decidan seguir en armas. Ese es el mensaje político detrás del Estatuto Antiterrorista que prepara el gobierno de Abelardo De La Espriella. ELN, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá están entre las estructuras que podrían terminar oficialmente clasificadas como organizaciones terroristas. Y esa clasificación no sería simbólica. El proyecto plantea penas agravadas, cárceles de máxima seguridad para cabecillas, persecución de bienes y fortunas, controles sobre las rutas utilizadas para lavar dinero y un marco más preciso para operaciones militares, incluidos bombardeos cuando jurídicamente procedan. La lógica cambia. Durante años Colombia discutió cómo negociar con estas organizaciones mientras muchas de ellas crecían en hombres, territorio y capacidad criminal. Hoy suman cerca de 28.800 integrantes, frente a poco más de 15.000 registrados en 2022, cuando se inició la tristemente célebre “Paz Total” de Petro. De La Espriella quiere invertir esa ecuación: quien busque someterse tendrá una salida jurídica; quien decida continuar armado enfrentará un tratamiento penal, patrimonial, penitenciario y militar mucho más severo. Ahí está el verdadero giro. No se trata solamente de capturar al hombre que dispara. Se trata de perseguir al jefe que ordena, al dinero que financia, al negocio que lava, a la estructura que protege y al territorio que sostiene al grupo armado. El presidente entendió perfectamente que sus electores lo respaldaron en las urnas para perseguir implacablemente a los delincuentes. Abelardo De La Espriella sabe que cada vez que cumple lo que prometió, no solo está honrando con su palabra, sino también reafirmando el respaldo de la gente que creyó en sus propuestas. El Estatuto todavía tendrá que pasar por el Congreso de la República y varios de sus puntos enfrentarán un duro examen constitucional. Eso es indispensable en un Estado de derecho. Pero la orientación de la política de seguridad ya es evidente: el Gobierno quiere que continuar en una organización terrorista deje de ser una apuesta cómoda y se convierta en una decisión con consecuencias mucho más graves. Ese es el cambio de fondo: la negociación deja de ser el centro de la estrategia y la capacidad coercitiva del Estado vuelve al primer plano. Porque cuando una organización criminal responde al Estado con fusiles, explosivos, secuestros y control territorial, el Gobierno de De La Espriella quiere responder con justicia, inteligencia, cárcel, persecución financiera y fuerza legítima. El mensaje es sencillo: someterse o enfrentar al Estado. Y es que en política, nada es casualidad.