Una nueva ofensiva jurídica llegó al Consejo de Estado por cuenta del escándalo de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El abogado que consiguió la pérdida de investidura del exsenador Iván Name ahora puso bajo la lupa las curules de cuatro congresistas que han sido relacionados, de distintas maneras, con las investigaciones que rodean el manejo irregular de recursos de la entidad. Se trata de acciones dirigidas contra las investiduras de Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, congresistas cuya actuación ha sido cuestionada en el marco de las controversias derivadas del caso UNGRD. Las demandas buscan que el alto tribunal determine si existen razones jurídicas suficientes para decretar la pérdida de investidura de los parlamentarios. El proceso deberá avanzar bajo las reglas correspondientes y será el Consejo de Estado el encargado de establecer si las conductas señaladas configuran alguna de las causales contempladas por la Constitución y la ley. El abogado ya tiene un antecedente de alto impacto. Su actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa terminó con la pérdida de investidura de Iván Name, decisión que significó su salida del Senado y que se convirtió en uno de los episodios jurídicos más relevantes derivados de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD. Ahora, el nuevo paquete de demandas vuelve a poner el foco sobre el Congreso y sobre las responsabilidades individuales que podrían derivarse del entramado político y contractual investigado alrededor de la entidad encargada de la gestión del riesgo en Colombia. El caso UNGRD ha generado investigaciones judiciales, disciplinarias y fiscales, además de una fuerte controversia política por los señalamientos relacionados con contratos, gestión de recursos públicos y presuntas actuaciones irregulares de funcionarios y congresistas. La presentación de las demandas no significa que los cuatro congresistas hayan perdido su investidura ni que exista una decisión definitiva en su contra. Será el Consejo de Estado, después de estudiar cada expediente y las pruebas correspondientes, el que determine si las acusaciones tienen sustento jurídico y si eventualmente se configura una causal para retirarles la investidura. La nueva ofensiva promete convertirse en otro capítulo de alto voltaje del escándalo de la UNGRD, especialmente porque pone nuevamente en manos del Consejo de Estado el futuro político de congresistas que han quedado en el centro de las controversias derivadas de este caso.
Abogado que logró la muerte política de Iván Name ahora demandó las investiduras de varios congresistas
El Consejo de Estado tendrá que estudiar si existen causales para retirarles la investidura a los cuatro congresistas, en medio de las investigaciones derivadas del caso UNGRD.
