El Gobierno colombiano llevó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una de las definiciones centrales de su política de seguridad: las organizaciones que utilizan el asesinato, el secuestro, los explosivos, el reclutamiento de menores y el terror contra la población serán consideradas y enfrentadas como grupos terroristas.

El planteamiento hizo parte del mensaje del presidente Abelardo De La Espriella presentado en Nueva York por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien intervino ante la Asamblea General en representación del jefe de Estado.

En el documento, De La Espriella sostuvo que desde el comienzo de su administración impartió instrucciones a la Fuerza Pública para recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras responsables de acciones terroristas.

“Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas”, señala el mensaje presidencial.

La posición expuesta ante Naciones Unidas marca la línea con la que el Gobierno pretende abordar a las estructuras armadas y criminales que mantienen presencia en diferentes regiones del país. Según el planteamiento presidencial, la respuesta estará basada en el uso de la fuerza legítima del Estado dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

El Gobierno defendió además la recuperación del control territorial como uno de los pilares de su estrategia. La tesis expuesta es que el Estado debe garantizar su presencia efectiva en las regiones donde organizaciones ilegales han construido estructuras de control, intimidación o financiación criminal.

La política de seguridad presentada en Nueva York también tiene al narcotráfico como uno de sus principales frentes. La administración De La Espriella sostuvo que las drogas ilícitas producidas en Colombia no pueden entenderse únicamente como un problema interno, debido al carácter internacional de las organizaciones que participan en el negocio.

De acuerdo con el mensaje presidencial, las rutas del narcotráfico atraviesan fronteras, los recursos obtenidos de esa actividad circulan por sistemas financieros internacionales y las redes que sostienen el negocio operan desde diferentes países.

Con ese argumento, Colombia reclamó una mayor corresponsabilidad de la comunidad internacional. El Gobierno reconoció la obligación del Estado colombiano de perseguir la producción y las estructuras criminales que operan dentro del territorio nacional, pero advirtió que combatir una actividad transnacional exige acciones simultáneas fuera de sus fronteras.

La posición implica aumentar los esfuerzos internacionales contra las rutas utilizadas para transportar drogas, las estructuras financieras encargadas de mover y lavar recursos y las organizaciones que participan en diferentes etapas de la cadena criminal.

El mensaje presentado ante la ONU también dejó claro que la estrategia del Ejecutivo no pretende limitarse al componente militar y policial. El Gobierno vinculó la recuperación territorial con una mayor presencia institucional y con la creación de oportunidades económicas en las regiones afectadas por organizaciones armadas y economías ilegales.

La tesis es que recuperar un territorio exige tanto neutralizar la capacidad de intimidación de las estructuras violentas como impedir que estas vuelvan a ocupar los espacios dejados por un Estado débil o ausente.

De esta manera, el Gobierno presentó ante la comunidad internacional una estrategia construida alrededor de tres componentes: autoridad estatal, persecución de las organizaciones violentas y fortalecimiento económico e institucional de los territorios.

La intervención en Naciones Unidas convirtió esa posición en un mensaje de política exterior. Colombia no solo defendió una ofensiva interna contra las estructuras que califica como terroristas, sino que pidió que la lucha contra el narcotráfico sea asumida como una responsabilidad compartida por los países involucrados en sus rutas, financiación y redes internacionales.

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