Las tarifas de energía eléctrica que pagan los usuarios de la región Caribe vuelven a estar bajo la lupa de la justicia. El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) continuar y culminar los procedimientos necesarios para revisar las fórmulas tarifarias aplicadas en la región. Al respecto, el senador Gonzalo Baute destacó la decisión del alto tribunal y señaló que esta confirma la necesidad de revisar las pérdidas que son reconocidas dentro de las tarifas que pagan los usuarios del Caribe. El congresista sostuvo que Minminas y la Creg deberán verificar que los cobros asociados a esas pérdidas correspondan a la realidad y que las tarifas de la región guarden proporción con el promedio nacional. “Desde que llegamos al Senado lo hemos dicho: a todos los usuarios no se puede medir con la misma vara”, afirmó Baute al referirse a la situación tarifaria de la región Caribe. La decisión judicial exige verificar si las pérdidas de energía reconocidas dentro de las tarifas corresponden realmente a las condiciones del sistema y si los diferentes componentes utilizados para calcular el valor del servicio están siendo aplicados conforme a la normatividad vigente. El fallo también plantea que las autoridades deben avanzar en una reducción efectiva y significativa de las pérdidas de energía y procurar que los resultados de ese proceso tengan un impacto en el componente correspondiente de las tarifas que pagan los usuarios del Caribe. La orden judicial se deriva de una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, que solicitaron la protección de los derechos de los usuarios frente al costo y las condiciones de prestación del servicio de energía eléctrica en la región. Entre las medidas también se contempla la modernización de la infraestructura eléctrica, la protección de las redes y el fortalecimiento de los sistemas de medición para garantizar que el consumo registrado corresponda a la realidad.
La Creg deberá, además, impulsar acciones para prevenir la manipulación de la infraestructura, las conexiones ilegales y otras situaciones que puedan afectar el suministro o generar distorsiones en la facturación. Otro de los puntos centrales es la instrucción de evitar que las variaciones de las tarifas en el Caribe sean desproporcionadas frente al promedio nacional. Usuarios reclaman eliminar la sobretasa El debate también alcanza la sobretasa del 20 % aplicada al componente de comercialización de energía en la región Caribe. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, sostuvo que este cobro continúa siendo uno de los asuntos pendientes dentro de la discusión tarifaria. Según Alarcón, eliminar la sobretasa podría contribuir a reducir el costo del servicio. Sin embargo, cualquier modificación deberá ser definida dentro de los procedimientos regulatorios correspondientes. El dirigente también señaló que los cambios tarifarios deben estar acompañados de inversiones para modernizar las redes eléctricas y fortalecer financieramente a las empresas prestadoras del servicio. La factura no bajará de inmediato Aunque la decisión judicial abre nuevamente el camino para modificar componentes de la estructura tarifaria, el fallo no establece un porcentaje específico de reducción ni fija una fecha para que disminuya el valor de las facturas. El alcance de la decisión consiste en ordenar a Minminas y a la Creg continuar y culminar los procedimientos administrativos necesarios para revisar y modificar las fórmulas tarifarias. Por ello, los usuarios no tendrán necesariamente una reducción automática en el próximo recibo de energía. El eventual impacto en las facturas dependerá de las decisiones regulatorias que adopten las autoridades después de cumplir las órdenes judiciales.