A juicio congresistas de la Comisión de Crédito Público por caso de la Ungrd

El escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza a una nueva etapa judicial. La Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio a seis congresistas que habrían participado en un supuesto acuerdo para favorecer operaciones de crédito del Estado a cambio de beneficios relacionados con contratos de obra pública. Los parlamentarios señalados son Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes integraban la Comisión de Crédito Público del Congreso, instancia encargada de estudiar y avalar operaciones de endeudamiento de la Nación con entidades financieras internacionales. De acuerdo con una decisión de 667 páginas, divulgada por la revista Semana, existen elementos para que los legisladores respondan ante la justicia por el presunto delito de cohecho impropio. La investigación apunta a un supuesto intercambio de favores El eje del proceso consiste en establecer si los votos de los congresistas para respaldar operaciones de crédito estuvieron condicionados a la asignación de contratos financiados con recursos de la UNGRD. La hipótesis de la investigación sostiene que los parlamentarios posiblemente aceptaron promesas de remuneración por parte de funcionarios o intermediarios vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actuaciones relacionadas con sus funciones dentro de la Comisión de Crédito Público. Los hechos bajo sospecha se remontan, entre otros momentos, al 5 y 6 de diciembre de 2023. Según la información divulgada sobre el expediente, durante esas fechas se habrían realizado reuniones en el Ministerio de Hacienda para concretar el presunto acuerdo. La decisión de llevar el caso a juicio abre una nueva fase en la que deberán examinarse las pruebas y determinarse las responsabilidades individuales de los congresistas involucrados. El proceso forma parte de las investigaciones derivadas del escándalo de la UNGRD, que ha puesto bajo escrutinio la presunta utilización de recursos públicos y contratos estatales para obtener apoyos políticos en el Congreso. La decisión judicial no equivale a una condena. La responsabilidad penal de cada uno de los señalados deberá establecerse conforme al desarrollo del proceso y las pruebas que sean valoradas por la justicia.