Santa Marta vivió una jornada marcada por el miedo, el cierre de establecimientos comerciales y las alteraciones en la movilidad después de las acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización que anunció un paro armado de 48 horas tras la muerte de alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como su segundo cabecilla.

La tensión comenzó a sentirse después de que circularan amenazas dirigidas a comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta y otros sectores del Magdalena. El objetivo era presionar el cierre del comercio y reducir la movilidad en diferentes corredores.

La amenaza rápidamente pasó de los mensajes a las calles.

En distintos sectores fueron reportados hombres armados movilizándose en motocicletas y presionando a propietarios de establecimientos para que cerraran sus negocios. También circularon imágenes de vehículos incendiados y de personas armadas intimidando a comerciantes.

Uno de los episodios que mayor preocupación generó ocurrió en el sector de El Pando, donde hombres armados obligaron al conductor de un taxi a descender del vehículo antes de prenderle fuego.

La situación provocó que numerosos establecimientos bajaran sus puertas. Sectores comerciales, negocios del Centro Histórico y otros establecimientos suspendieron actividades ante el temor de nuevos ataques.

El miedo también llegó a las vías

Las afectaciones no se limitaron al casco urbano. La tensión alcanzó corredores que conectan a Santa Marta con otros municipios y departamentos del Caribe.

Transportadores evitaron movilizarse por algunos sectores ante las amenazas, mientras vehículos de carga quedaron represados a la espera de condiciones de seguridad para continuar sus recorridos.

La situación terminó teniendo consecuencias fuera del Magdalena. En Barranquilla, decenas de camiones permanecieron detenidos ante el temor de continuar hacia Santa Marta.

El sector transportador comenzó además a calcular el impacto económico. Fedetranscarga reportó que durante el primer día de afectaciones dejaron de percibirse cerca de $39.000 millones en Santa Marta y otros $42.000 millones en el Caribe.

Clases suspendidas y comercio cerrado

La crisis de seguridad también obligó a modificar las actividades educativas.

Las autoridades suspendieron clases en sectores como Guachaca, Calabazo, Bonda, Minca y el barrio 11 de Noviembre, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Para comerciantes, transportadores y trabajadores, la incertidumbre se convirtió en el principal problema. El cierre de establecimientos y las dificultades de movilidad comenzaron a afectar una ciudad cuya economía depende ampliamente del comercio, el turismo y los servicios.

Fuerza Pública salió a recuperar las calles

Ante la escalada de los hechos, el Gobierno reforzó la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta.

Ejército y Policía fueron desplegados en puntos estratégicos de la ciudad y sus alrededores para garantizar la movilidad, proteger establecimientos y recuperar sectores afectados por las amenazas.

El presidente Abelardo De La Espriella también llegó a Santa Marta y recorrió varios sectores en medio del dispositivo de seguridad dispuesto por el Gobierno.

La ofensiva de las autoridades se produjo después de la operación militar en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, identificado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN.

Su muerte desencadenó la reacción de la organización y el posterior anuncio del paro armado.

Lo que comenzó como una amenaza terminó alterando durante horas la vida cotidiana de Santa Marta: negocios cerrados, clases suspendidas, vehículos incendiados, carreteras bajo tensión y miles de ciudadanos pendientes de la evolución del orden público.

Ahora el reto de las autoridades es recuperar completamente la normalidad y evitar que la capacidad de intimidación de las ACSN vuelva a paralizar la ciudad.

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